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media : El Estado paga las cuentas
Enviado por Martí­n A. Becerra el 16/11/2009 7:20:00 (1236 Lecturas)

El Estado es el verdadero artífice de la estabilidad económica de muchos medios comerciales en la Argentina, afirma Martín Becerra en un artículo publicado en Caras y Caretas nº2239 (octubre 2009). El autor examina críticamente las reacciones desde la centroizquierda y desde la centroderecha en la discusión por la ley de medios audiovisuales, a partir del análisis del eje económico de viabilidad del sistema de medios ante el cambio de regulación.



El Estado no puede desaparecer


por Martín Becerra


(Universidad Nacional de Quilmes – Conicet)


Publicado en Caras y Caretas nº 2239 (octubre de 2009), p. 24 y 25.


 


La inédita discusión sobre la regulación de los medios audiovisuales en la Argentina ha ido incorporando ejes conforme avanzaba su trámite parlamentario, también inédito. Uno de los temas más novedosos es la de la viabilidad económica de los medios. Así como se ha obturado la reflexión pública sobre los medios, durante tanto tiempo, tampoco su dimensión económica fue puesta en cuestión. Se ha naturalizado que los medios en la Argentina se financian con un mercado publicitario que está tan concentrado como los mismos medios de comunicación. Si algo alteró esa naturalización fue la creciente participación del Estado como anunciador por un lado, y la mengua del volumen de la publicidad comercial como efecto de la crisis económica por el otro.


 


Pero a la luz de una nueva ley de medios audiovisuales, advertir sobre su sostenibilidad económica tiene una importancia doble: política y funcional. En lo político, la dimensión económica de los medios resume una propuesta de roles a desempeñar por parte del Estado, de los actores privados comerciales y de los actores sociales, comunitarios y cooperativos. No todo está escrito en el proyecto, aunque hay grandes trazos en él. Y en lo funcional, una ley inscripta en la mejor tradición de cultivo de la comunicación como derecho humano puede fracasar si no se garantiza la subsistencia del sistema.


 


Estos dos sentidos (político y funcional) se articulan, por ejemplo, en el reclamo de quienes hace décadas bregan por una radiodifusión democrática, para que el Estado ayude a las organizaciones sin ánimo de lucro permitiéndoles no sólo consumar su derecho al acceso a la titularidad de los medios de comunicación masiva, sino también producir contenidos de calidad en condiciones de atraer audiencias. En este reclamo se combina una expectativa acerca del rol del Estado como activador del derecho social, junto con una propuesta de las funciones que traducirían ese rol en acciones concretas.


 


Sectores de la oposición, tanto de la centroizquierda que apoyó al proyecto como la de centroderecha que fue refractaria al debate, coincidieron en la demanda de que la ley incluya precisiones sobre el gasto en publicidad oficial. En esto todos los gobiernos han mostrado serias falencias, incluidos numerosos mandatarios provinciales alineados con la oposición al gobierno nacional pero la mayor crítica recae sobre las gestiones que más incrementaron el gasto: las de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Más allá de que es complejo incluir en una ley de medios audiovisuales la regulación de la publicidad oficial que también se efectúa en medios gráficos y en cartelería pública, este reclamo también revela una concepción acerca del rol estatal y su puesta en práctica.


 


En paralelo, el mundo de los negocios está viviendo la discusión con un vértigo desconocido en la historia del país: la convergencia tecnológica entre medios audiovisuales, Internet y las telecomunicaciones asomó su rostro en el tratamiento en la Cámara de Diputados que finalmente limitó los alcances del proyecto al sector de medios, dejando para el futuro la consideración de normas complementarias sobre servicios convergentes. A nadie escapa que los dardos venenosos lanzados entre el grupo Clarín y el grupo Telefónica animará esa batalla en la que también se resumirán expectativas sobre lo político (qué rol corresponde que juegue el Estado) y sobre lo funcional (qué medidas concretas deben aplicarse para evitar que dos mercados hoy cautivos como la telefonía y la televisión por cable dejen de serlo).


 


Pero aunque la pelea de fondo entre los dos grupos multimedia de mayor envergadura se postergó, en la sobreactuada publicidad sobre la invocada “desaparición” (sic.) de señales de cable del grupo Clarín o en los ásperos comunicados de la Asociación Argentina de Televisión por Cable subsiste otro conflicto: el de la aparición de una competencia que proviene del propio Estado (medios públicos), de la economía solidaria (cooperativismo) o bien del sector comunitario (sindicatos, universidades, iglesias, ONGs).


 


El argumento de los medios comerciales que hoy dominan mercados cautivos es que la nueva competencia será desleal pues podrá financiarse con recursos del Estado, con aportes directos de asociados, y con la torta publicitaria (privada y oficial). Como los anteriores, este argumento también asume un ideal sobre el rol del Estado al que le formula demandas puntuales. Por ejemplo, que se impida que la torta publicitaria sea compartida con operadores no lucrativos. Durante décadas esta fue una de las funciones que el Estado desempeñó en el sector de medios, declarando como ilegal todo emprendimiento no comercial.


 


Las citadas posiciones proyectan sobre el Estado un rol como garante de ayudas para los más débiles en un caso; en otro caso que se regule su prolífica actividad como anunciante; y en el último caso a que restablezca su potestad restrictiva de la competencia (de las telefónicas, de las cooperativas, o del propio Estado). Con las abismales diferencias establecidas entre estas opciones, hay una omisión que las atraviesa a todas: la de reconocer que el Estado argentino hace muchos años que es una de las principales columnas que sostienen económicamente a todo el sistema de medios.


 


El Estado es el verdadero artífice de la estabilidad económica de muchos medios comerciales en la Argentina. Los medios no hubieran sobrevivido a sucesivas crisis sin el diligente auxilio prestado por sucesivas administraciones a través de la periódica condonación de deudas fiscales y previsionales, la venta de pliegos de televisión y radio a precios irrisorios, el socorro financiero para evitar la convocatoria de acreedores, la desgravación impositiva, los subsidios eléctricos, los regímenes de competitividad, la extensión de plazos de explotación del negocio, el congelamiento de la venta de pliegos para permitir el ingreso de competencia en mercados cautivos, el incumplimiento de obligaciones de inversión como el soterramiento del cable, la tolerancia con la precarización laboral. Como se advierte, el panorama es mucho más complejo y diverso que el capítulo de la publicidad oficial.


 


La ley de medios audiovisuales desanda un camino minado por un decreto de Jorge Videla y por disposiciones que, en democracia, instigaron a la concentración de la propiedad y a la centralización de los contenidos. En este sentido, representa un gran avance. Pero su sanción necesita complementarse de una discusión madura y veraz sobre el Estado como el gran financiador de todo el sistema de medios.



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